Reclaman a la municipalidad informes sobre el alquiler de una casa a la CGT

El auditor aseguró que la gestión de Maximiliano Frontera se “niega a responder los pedidos de informes” del Tribunal de Contralor. Señaló que el actual diputado Nacional del Frente de Todos, Carlos Ponce “cobra los alquileres”.

El presidente del organismo, Ricardo Bazla afirmó que el secretario de Gobierno, Diego Ochoa se “niega a responder los pedidos de informes” y advirtió que si el funcionario “persiste en su inconducta” lo denunciará ante el Concejo Deliberante”.

“Habiendo transcurrido once meses desde que el Tribunal de Contralor, en uso de sus atribuciones, le solicitó al secretario de Gobierno, Diego Ochoa, un pedido de informes referido a una casa que la Municipalidad de Villa Mercedes supuestamente le alquila a la Confederación General del Trabajo (CGT) local y siendo que hasta el día de hoy no hemos recibido información fehaciente, pese  a las múltiples reiteraciones formuladas, me veo en la obligación de hacer pública esta situación y el desconocimiento que el funcionario Ochoa, está haciendo de las facultades de este Tribunal, que es el órgano auditor de todo el  gobierno municipal”, señaló el presidente del organismo, Ricardo Bazla.

El auditor manifestó: “Desde ya, advierto que si en el curso de la presente semana, el Tribunal no  recibe la información requerida, tal como es obligación del secretario de Gobierno, daré cuenta de los hechos al Concejo Deliberante, a los fines de que adopte las medidas que correspondan por el reiterado incumplimiento de las funciones del Diego Ochoa”.

En un comunicado emitido ayer el Bazla explicó cómo se sucedieron los hechos.

“En la primera sesión del Tribunal, celebrada el 11 de diciembre del año pasado, dispusimos formular un pedido de informes sobre la situación de la  casa ubicada en Chacabuco 44, propiedad de la CGT y en cuyo contrato no se advierte que quienes firmaron el acuerdo, hayan acreditado ser los representantes legales de la central obrera en Villa Mercedes. De inmediato, se puso en conocimiento del caso, a la Municipalidad, la que respondió defectuosamente, sin aclarar el punto más importante: los señores Carlos Ybrain Ponce (actual diputado nacional por el Frente Unidad Justicialita) y Félix Paredes, que son quienes cobran los alquileres, no han acreditado en el expediente, ser los representantes legales de la CGT.”

“El Tribunal formuló a la Municipalidad un pedido de aclaratoria y advirtió que, en el contrato firmado durante la gestión del Intendente Raúl Merlo, no se había acreditado la representación que los gremialistas dicen tener, pero que sin embargo continúan cobrando los alquileres. Nunca hubo respuesta, pese a que el 27 de agosto y 23 de septiembre de este año, el Tribunal volvió a reiterar se completaran los informes”.

“Por mi parte, el 13 de noviembre, le dirigí una nota al Sr. Intendente Frontera, ante el temor que no tuviera conocimiento de los hechos. El jefe comunal, me respondió que para ayer lunes 16, estaría la respuesta en el Tribunal. La contestación institucional aún no ha llegado, por lo cual si ello no se produce en los días hábiles que restan de esta semana, denunciaré el hecho ante Concejo  Deliberante, pues las normas legales existen para ser cumplidas y no para que cada funcionario pretenda imponer sus propias leyes”.